Miguel Ontiveros Alonso.
La entrada en vigor del sistema acusatorio trajo consigo múltiples beneficios para la protección de los derechos de las personas vinculadas al sistema penal. Pero también causó heridas y desnudó carencias muy nuestras. Me refiero, claro está, al abandono de la dogmática penal y su producto más acabado: la teoría del delito. Instituciones gubernamentales —como la SETEC y el INACIPE, por ejemplo— enfocaron sus baterías en la formación de cuadros para el —aún denominado— nuevo sistema penal. Mientras tanto, los Tribunales del país invirtieron grandes recursos en el diseño y puesta en marcha de “salas de juicio oral”. Se adquirieron togas para todas las juezas y jueces de la República y empezó a operar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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