Miguel Ontiveros Alonso
Aunque aún se desconoce la dimensión de la masacre, los cientos de restos humanos encontrados en el rancho de Teuchitlán, Jalisco (junto a decenas de zapatos, ropas, maletas y objetos personales de mujeres y hombres) evidenciaron, de nuevo, la tragedia de la desaparición de seres humanos en México. Tomará mucho tiempo determinar cuántas personas fueron torturadas o asesinadas en ese lugar, pero no hay duda de que estamos frente a un hecho que, como los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, o la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, trascenderá a escala mundial y marcará la ruta de la política criminal mexicana.
Hace unas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una serie de medidas, a las que sin duda se sumarán otras, para enfrentar el desafío. De entre éstas, fijo mi atención en lo adelantado por la titular del poder ejecutivo, en el sentido de que presentará un paquete de reformas a las leyes generales en materia de secuestro y desaparición forzada de personas. No tengo duda de que reformar esas leyes es indispensable. Ambas son bastante malas y les urgen ajustes técnicos de fondo.
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