Alberto E. Nava Garcés
¿Se necesitaba federalizar el delito de extorsión? Sin duda alguna
Porque es la forma más efectiva de tratar un delito en el ámbito nacional, con leyes homogéneas y procedimientos estandarizados. Eso garantiza un trato igual para el justiciable sea donde sea que haya cometido el delito.
¿Estamos de acuerdo en actualizar los tipos penales y sus respectivas sanciones? Por supuesto, ya que bajo la óptica de las salidas alternas que tiene el actual sistema se debía cerrar la opción de que el delito quedara impune.
¿Era el delito de extorsión una prioridad en la política criminal? Claro. Por lo que pocos serán los que no celebren esta iniciativa. Los datos arrojados año con año por ENVIPE señalaban al delito de extorsión entre las conductas que más sufre la población y que afecta de manera sustancial al patrimonio de personas y empresas que enfrentan el pago de piso, el pago de préstamos forzados o los pagos a que se ven orilladas las víctimas de los montachoques, por señalar algunos ejemplos cotidianos.
¿Entonces qué nos puede preocupar de esta gran iniciativa? Que en los delitos conexos contemplados en esta nueva ley hay un tratamiento que me parece erróneo.
¿Dentro de los reclusorios hay la posibilidad de que un interno tenga un teléfono celular? Sí
¿Esa posibilidad da cabida a que se conviertan en un verdadero “call center” para llamadas extorsivas? Sin duda.
¿Se debe entonces prever y castigar esa conducta? Y sí ahí está el problema. Me explico. Se prevé castigar hasta con 8 años de prisión la mera posesión del celular o la pretensión de introducirlo a algún centro de reclusión
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