Resumen
La tutela penal de los intereses de la Administración Pública, que instrumentalizan bienes individuales, es absolutamente compatible con el derecho constitucional del ejercicio democrático mediante el voto popular, mismo que confiere a cada individuo un derecho subjetivo a votar y, en esa misma tesitura, la posibilidad y alcance del derecho a sufragar requiere de organización electoral institucional que genera las condiciones necesarias. Por tal motivo, se justifica con plenitud que el legislador encuentre mecanismos de ultima ratio que garanticen la eficiencia e imparcialidad, entre otros principios de exigencia electoral para preservar los derechos de libertad de los ciudadanos.