Resumen
Este artículo explora las implicaciones de la persecución penal en México, destacando las severas consecuencias que enfrentan las personas acusadas de delitos, independientemente de si son finalmente condenadas. Critica el uso arbitrario de los poderes de la fiscalía, enfatizando como medidas como la prisión preventiva y la congelación de activos se emplean sin el debido proceso, infringiendo así derechos fundamentales como la presunción de inocencia. La expansión de los delitos que justifican la prisión preventiva automática ha creado un clima de miedo y un potencial abuso de poder. El artículo ejemplifica casos notables de acusaciones erróneas y el uso indebido de marcos legales contra figuras públicas, incluidos exfuncionarios y científicos, ilustrando los peligros de politizar la justicia, para concluir que, sin una estricta adherencia al estado de derecho, la integridad del proceso judicial en México está en riesgo, allanando potencialmente el camino hacia un autoritarismo punitivo.
