Luis de la Barreda Solórzano.
La iniciativa presidencial de reforma al poder judicial sería absolutamente insensata si de lo que se tratara fuese de mejorar la impartición de justicia; pero el verdadero objetivo es destruir a los poderes judiciales del país, el federal y los de las entidades federativas, y reemplazarlos por juzgadores sometidos a los titulares del poder ejecutivo. En estas líneas me referiré solamente a uno de los aspectos de esa iniciativa: la elección popular de juzgadores.
La iniciativa propone la elección en las urnas de todos los juzgadores: ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados locales, jueces locales, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sería creado en virtud de la reforma. Los actuales juzgadores serían destituidos.
Se quiere justificar la elección por voto con el señalamiento de que “la población mexicana no confía en los tribunales, jueces y magistrados”, según reza la iniciativa. Pero el reconocimiento social no depende del método de elección de los jueces, sino de la tramitación expedita de los asuntos y la calidad de las resoluciones. La ciudadanía tampoco tiene buena opinión de los legisladores elegidos por mayoría, que surgen de elecciones populares. ¿Habría que abolir el poder legislativo? Además, cuando se hacen generalizaciones se juga en bloque, sin los matices y las excepciones procedentes.
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