Abstract
La educación, además de ser un pilar fundamental en el desarrollo de las personas, también es un derecho humano contenido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, las instituciones educativas suelen ser espacios donde la sana convivencia se convierte en un foco de propagación y generación de delitos entre los estudiantes o, en ocasiones, entre el personal educativo. Lo anterior, genera una atmosfera de inseguridad y desconfianza, sobre todo, entre los padres de familia.