Abstract
El Código penal español ha dado entrada recientemente al término “corrupción”, y lo ha hecho para designar el ámbito de la corrupción privada. Sin embargo, no existe un capítulo o título destinado a los delitos contra la corrupción pública, pero sí un amplio consenso en la Doctrina española3 en considerar que es mejor no utilizarlo por lo vago del mismo y que, en todo caso, esta abarca, de manera central, a los delitos contra la Administración Pública. No obstante, es frecuente la conexión de estos con otros delitos como los de falsedades documentales, o los denominados delitos económicos.