Abstract
El artículo examina la figura de la reclasificación del delito en el juicio oral dentro del sistema penal acusatorio mexicano, sosteniendo que constituye un “fraude de etiquetas” que vulnera garantías constitucionales como la prohibición de absolver la instancia, la litis cerrada, el principio de igualdad y el derecho de defensa. Morales Brand argumenta que permitir al fiscal modificar la clasificación jurídica del delito en los alegatos de apertura o clausura, una vez que la defensa ha revelado su estrategia, equivale a un desistimiento encubierto de la acción penal que perpetúa prácticas del modelo inquisitivo.
