Abstract
En la hora actual no existe un Sistema Nacional de Política Criminal que presente un programa integral articulado, coordinado que distribuya a cada autoridad competente, las facultades para realizar las acciones específicas para abatir el delito; que comprenda la prevención del delito; la investigación; la protección a las víctimas; la administración de justicia; la ejecución penal; la atención a los liberados que compurgaron la pena, con un plan de fiscalización, para verificar las acciones del sistema y sus resultados.